Desde su nacimiento esta entidad viene denunciando que se trata de una tasa incoherente y de dudosa legalidad, y los años de aplicación han confirmado el desastre de una gestión que se quiere paliar con una inútil e injusta subida a costa de los mismos ciudadanos que han cumplido sus obligaciones.
Es evidente y conocida la deficiente gestión que la Administración ha realizado de la Tasa por prestación de Transferencia, Clasificación, Tratamiento, Valoración y, en su caso, eliminación de Residuos Urbanos de origen Municipal. Toda gestión conlleva ser diana de posible crítica, y está claro que la administración tiene a veces cometidos de difícil ejecución que puede no gustar a todos. Pero en el caso de la tasa de GERSUL la administración se ha ganado a pulso la crítica de la sociedad, hasta ahora demasiado benévola para el penoso resultado de la gestión realizada. Ha sido una gestión opaca, inútil e ineficaz pues dudamos incluso de que se haya realizado el tratamiento real de residuos buscado, y sobre todo injusta, pues es “vox populi” que durante todos estos años la mayoría de los obligados han pagado esta tasa pero han sido muchos lo que se han librado de pagarla por la deficiente gestión de la administración.
Una vez más, a pesar de los difíciles tiempos que corren, la Administración solo encuentra solución a sus problemas con la subida de impuestos. Mientras los comercios bajan sus precios para potenciar el consumo, los arrendadores bajan sus rentas para hacer viable la actividad económica de sus inquilinos, los trabajadores aceptan sueldos cada vez más bajos con el fin de poder acceder a un puesto de trabajo, y así sucede en toda la actividad económica y social, sin embargo la Administración ajena a los problemas de sus administrados vuelve una vez más a cometer el error de solucionar un grave problema de gestión con una subida de impuestos, sabedora de que no estamos en un mercado en el que escogemos libremente, sino que el producto se nos impone y quien no quiera pagarlo se verá embargado. No es justa ni, siquiera, correcta esta forma de proceder la Administración.
¿Es éste el premio a los ciudadanos, ya acostumbrados a clasificar los residuos y llevarlos personalmente al contenedor adecuado? ¿Cuántas subidas de tasas más tenemos que soportar porque la Administración decide tapar sus errores con “café para todos”?
Desde la Cámara de la Propiedad Urbana se ha manifestado en distintos momentos que no era viable la gestión de la tasa a través de un consorcio, y que se cobre a todos los ciudadanos de la provincia independientemente del uso que haga del servicio. Incluso es criticable y cuestionable sostener este servicio a través de una tasa. No puede ser que además de la elevada carga fiscal provocada por los impuestos se cargue a los ciudadanos con tasas por servicios generales que atañen a todos, y que, por tanto, deberían sufragarse por medio de esos impuestos que ya pagamos.
En lo que atañe a los propietarios de inmuebles urbanos, cuyos intereses representa esta entidad, no debe desconocerse la circunstancia actual de que una gran mayoría, sobre todo familias, están haciendo enormes esfuerzos para hacer frente al pago de sus préstamos hipotecarios. Por otra parte, son muchos los edificios en la provincia que se están viendo afectados por la Inspección Técnica de Edificios (ITC), con la obligación de realizar obras de conservación que conllevan el inevitable desembolso de los escasos ahorros de los más ventajosos, pues otros a duras penas pueden hacer frente a esta nueva exigencia y sus consecuencias. La Administración en lugar de colaborar con los ciudadanos con una gestión eficiente de los recursos que obtiene de éstos, solo encuentra solución a su ineficacia cargando fiscalmente contra éstos, en lugar de gestionar adecuadamente los recursos y ponerlos al servicio del bienestar ciudadano.
Angel Luis Valdés, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León:
“El importe de los recibos prescritos por una mala gestión de la administración supera los 17 millones de euros, que ahora se quieren recuperar con una subida del 16% a costa de los ciudadanos que cumplieron sus obligaciones. No es admisible que la administración de forma continuada esté siempre cargando a los ciudadanos cumplidores con las cargas de toda la sociedad.
Esta tasa debe desaparecer como fórmula de financiación del Consorcio. Los ciudadanos debemos entendernos con nuestros ayuntamientos, como administraciones más cercanas y a las que exigimos que velen por nuestros intereses. En este caso parece que se han olvidado de este deber de vigilancia de una gestión que ellos mismos aprobaban año tras año. Son los propios ayuntamientos los que deben hacerse cargo del pago en función de la generación de los residuos, de la propia capacidad de clasificación de los mismos, y de la recaudación que obtiene por impuestos y tasas similares como es la recogida de basuras.
No descartamos acudir a los tribunales en defensa de los derechos de nuestros asociados y de todos los propietarios urbanos de la provincia de León”.
